Las pymes suelen llegar al penal sin compliance: un cobro en B, un socio que firma solo, un empleado que comisiona fuera de caja, una inspección que descubre cadena de facturas. Un programa penal no es marketing; es orden documental y decisiones trazables. Este análisis propone el mínimo viable que usamos con clientes de Madrid: mapa de riesgos, tres protocolos y qué hacer el día que llama la policía o Hacienda.
Por qué importa en pymes
Menos separación entre dueño y caja: el delito suele ser del administrador y de la sociedad a la vez.
Proveedores y clientes arrastran riesgo: facturas, subcontratas, comisiones internacionales.
La responsabilidad penal de personas jurídicas existe; la defensa “no sabíamos” exige haber intentado prevenir.
Un incidente penal paraliza cuentas, licencias y financiación.
Mapa de riesgos mínimo
Tesorería: quién firma, límites, doble control en transferencias relevantes.
Facturación y proveedores: verificación de operaciones atípicas.
Laboral y SS: fraude en cotización y horas.
Datos y corrupción comercial: regalos, intermediarios, licitaciones.
Tres protocolos que valen
Canal interno de alerta con respuesta documentada —no un buzón decorativo.
Política de regalos y conflictos de interés firmada por quien decide.
Checklist de contratación y pagos a terceros en operaciones sensibles.
Revisión anual breve con abogado: actualizar mapa, no archivar PDFs.
Si hay investigación
Designar un interlocutor; prohibir destrucción de documentos y mensajes panic-driven.
Abogado antes de declaraciones en sede administrativa o policial.
Comunicación interna sobria: rumores filtran y contaminan.
Evaluar autorreporting solo con criterio; no es automático.
Qué pedimos para empezar
Actividad, estructura societaria, volumen y sectores de clientes.
Incidencias previas: inspecciones, denuncias, litigios.
Quién firma banco y facturación hoy.
Con eso entregamos mapa y protocolos proporcionados —implementables en semanas, no en un año.